La Ley de Memoria Histórica: un espejo incómodo del pasado
La Ley de Memoria Histórica nació con la intención de reconocer y reparar las injusticias sufridas por quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil española y la dictadura franquista. Era —y sigue siendo— una apuesta por la dignidad y la justicia, por devolver nombres, historias y sepulturas a quienes fueron condenados al silencio. Sin embargo, su aplicación práctica ha demostrado que la memoria no es un terreno firme, sino un pantano emocional y político donde cada paso puede dejar huellas difíciles de borrar.
Porque la memoria —a diferencia de la historia— no busca solo comprender, sino también reivindicar. Y en esa reivindicación se cruzan emociones, ideologías y heridas todavía abiertas. El problema no radica tanto en la ley en sí, sino en el uso político y selectivo que a veces se hace de ella: una memoria parcial, que ilumina unos hechos y oscurece otros, que absuelve o condena en función del relato dominante de cada época.
Por eso, su cumplimiento puede convertirse en un búmeran moral y político. Existen hechos, símbolos y personajes con los que los gobiernos pueden atreverse, pero no sin correr el riesgo de salir manchados por la propia contradicción. En España, casi ninguna institución, familia o territorio quedó completamente al margen de la tragedia del 36 y sus consecuencias. En este contexto, no es posible definir el bien o el mal con los criterios de hoy sin incurrir en simplificación o injusticia histórica.
La memoria, si no es equitativa, deja de ser justicia para convertirse en revancha. La historia no puede reescribirse desde el resentimiento ni aplicarse como una herramienta de corrección ideológica. Si se abre el pasado, ha de hacerse para comprenderlo y no para manipularlo.
El debate se agrava cuando la memoria toca los símbolos más sensibles del Estado. La exhumación de restos, la retirada de nombres de calles o la revisión de condecoraciones militares han reabierto discusiones que van mucho más allá de lo administrativo: afectan a la identidad colectiva y al relato que el país construye sobre sí mismo.
Surgen entonces preguntas incómodas pero necesarias: ¿Debe la Iglesia autorizar la exhumación de cadáveres enterrados en sus capillas si estos tienen un valor político o histórico controvertido? ¿Deben las Fuerzas Armadas aceptar la retirada de las Laureadas de San Fernando concedidas en determinados contextos, aunque hayan sido otorgadas por actos de valor en combate?
La Cruz Laureada de San Fernando, instituida en 1811, es la máxima distinción militar española, destinada a premiar “el valor heroico y los servicios excepcionales realizados con riesgo inminente de la propia vida en defensa de la patria o de la paz internacional”.
Su significado trasciende la política del momento, pero ¿qué ocurre cuando quienes la recibieron representan también un símbolo de división nacional? ¿Debe prevalecer el mérito militar sobre la responsabilidad histórica? ¿Puede una condecoración al valor desligarse de la causa por la que se luchó?
Son cuestiones que trascienden la mera legalidad. Lo que está en juego no es solo una medalla, sino la manera en que España decide mirar su historia: con equidad o con parcialidad, con ánimo de reconciliación o de revancha.
La memoria histórica, si quiere ser verdadera, debe ser un ejercicio de lucidez y de respeto, no de censura ni de revisionismo. No puede haber memoria si se parte del olvido selectivo. No puede haber justicia si se reescribe la historia desde la comodidad del presente.
España necesita una memoria que una, no que divida. Que reconozca el dolor sin instrumentalizarlo, que honre a las víctimas sin demonizar a los adversarios, y que se atreva, por fin, a mirar su pasado con serenidad y sin miedo. Porque, al fin y al cabo, la memoria no debe servir para ajustar cuentas, sino para comprender que todos —vencedores y vencidos— forman parte de un mismo destino histórico. Soledad Carrasquilla Caballero. sccc.