La Gran Redada de 1749, intento de exterminio del pueblo gitano en España
El 30 de julio de 1749, por orden del rey Fernando VI y bajo la dirección del poderoso ministro Zenón de Somodevilla y Bengoechea, marqués de la Ensenada, se puso en marcha una de las operaciones represivas más extensas y desconocidas de la historia de España: la Prisión General de Gitanos, conocida posteriormente como la Gran Redada.
La operación fue preparada durante meses con absoluto secreto. Las órdenes fueron enviadas a corregidores, gobernadores, capitanes generales y autoridades eclesiásticas para que fueran abiertas simultáneamente en la noche del 30 al 31 de julio de 1749. El objetivo era impedir cualquier posibilidad de fuga mediante una acción coordinada en todo el territorio de la Monarquía.
Aunque oficialmente se justificó como una medida para combatir la vagancia y la delincuencia, la documentación conservada demuestra que el verdadero propósito era mucho más radical: hacer desaparecer al pueblo gitano como grupo diferenciado mediante la separación permanente de hombres y mujeres, impidiendo así su reproducción biológica y su continuidad cultural. En la práctica, constituyó un auténtico intento de exterminio por medios administrativos.
Las detenciones se desarrollaron en dos fases. La primera tuvo lugar entre la noche del 30 de julio y la madrugada del día siguiente; la segunda comenzó durante la tercera semana de agosto para capturar a quienes habían logrado escapar en la primera operación. Se calcula que fueron detenidos entre 9.000 y 12.000 gitanos, una cifra enorme para la población de la época.
La Gran Redada no fue un hecho aislado, sino el episodio culminante de una política de persecución iniciada siglos antes.
Los Reyes Católicos, mediante la Pragmática de Medina del Campo de 1499, obligaron a los gitanos a abandonar su modo de vida tradicional, fijar residencia, aprender un oficio y someterse a las leyes castellanas. Quienes incumplieran estas disposiciones podían ser expulsados, encarcelados o condenados a trabajos forzados.
Durante el reinado de Felipe II, la necesidad de remeros para las galeras de la Monarquía provocó nuevas persecuciones. Tras la batalla de Lepanto, la Corona necesitaba sustituir las enormes pérdidas sufridas por la escuadra española y recurrió, entre otros colectivos marginados, a los gitanos. Muchos hombres fueron apresados y condenados a remar en las galeras reales.
La situación volvió a repetirse en 1639, bajo el reinado de Felipe IV. Las continuas guerras obligaban a mantener una gran flota de galeras y la Corona organizó una nueva redada destinada a capturar centenares de varones gitanos aptos para el remo. Al menos quinientos fueron enviados encadenados a servir como galeotes.
La condena a galeras era considerada una de las penas más duras del Antiguo Régimen. El condenado permanecía sujeto al banco mediante gruesos grilletes de hierro, compartiendo espacio con otros remeros durante años.
Las condiciones de vida eran inhumanas. Dormían sobre las mismas tablas donde remaban, apenas protegidos de la lluvia, el sol o el frío. La alimentación era escasa y pobre, basada principalmente en bizcocho, habas, legumbres y agua, insuficiente para el enorme esfuerzo físico que realizaban.
Las enfermedades eran constantes. El escorbuto, la pelagra, el beri-beri, el tétanos y las infecciones provocadas por las heridas y la falta de higiene causaban una elevada mortalidad.
Las jornadas normales alternaban turnos de boga de aproximadamente hora y media, pero durante los temporales llegaba el momento más temido: bogar sobre hierro, es decir, remar contra la fuerza del viento para impedir que la galera rompiera el cable del ancla y fuera arrastrada por la corriente.
Todavía peor era el combate. Antes de enfrentarse al enemigo se aumentaban ligeramente las raciones de comida y agua para mantener las fuerzas de los remeros. Después, los alguaciles pasaban largas cadenas por todos los grilletes, uniendo a decenas de hombres al mismo banco.
Si la nave era hundida, los galeotes morían ahogados, incapaces de liberarse. Si era incendiada durante un abordaje, podían perecer abrasados. Y si caían prisioneros de corsarios o de la marina enemiga, eran vendidos como esclavos, sin esperanza de rescate, pues nadie solía pagar por hombres considerados delincuentes.
Sin embargo, cuando Fernando VI ordenó la Gran Redada, la pena de galeras ya habían sido abolidas el año anterior, en 1748.
Por ello, el destino de los detenidos fue diferente. Los hombres mayores de siete años fueron enviados a realizar trabajos forzados en los arsenales de Cartagena, Cádiz, La Carraca y Ferrol, donde la Corona desarrollaba un ambicioso programa de modernización naval. Trabajaban construyendo diques, fortificaciones, almacenes y buques de guerra, soportando jornadas agotadoras, escasa alimentación y una elevada mortalidad.
Las mujeres y los niños menores de siete años fueron trasladados a depósitos y casas de misericordia en ciudades como Málaga, Valencia y Zaragoza. Allí fueron obligados a hilar, tejer y realizar otros trabajos textiles, mientras permanecían completamente separados de sus maridos, padres e hijos.
La ruptura deliberada de las familias fue uno de los aspectos más crueles de la operación. Las autoridades pretendían impedir nuevos nacimientos y acelerar la desaparición del pueblo gitano como comunidad diferenciada.
La operación resultó finalmente un fracaso. Los enormes costes de mantenimiento, la resistencia de muchos funcionarios, las protestas de algunos obispos y las dificultades para mantener encerradas a miles de personas hicieron que el proyecto comenzara a desmoronarse.
Tras la caída política del marqués de la Ensenada en 1754, comenzó un lento proceso de revisión. Finalmente, durante el reinado de Carlos III, la mayor parte de los supervivientes recuperó la libertad, aunque muchos habían pasado más de quince años encarcelados sin haber cometido delito alguno.
La Gran Redada constituye hoy uno de los episodios más oscuros de la historia del siglo XVIII español. Fue un intento planificado desde el Estado para hacer desaparecer a toda una comunidad mediante la prisión, el trabajo forzoso y la destrucción de los vínculos familiares. Su recuerdo forma parte de la memoria histórica del pueblo gitano y de la historia de la intolerancia en España. Soledad Carrasquilla Caballero. sccc.-
Fotografia de la Orden de la Gran Redada firmada por de Fernando VI.
“Don Quijote vio que por el camino que llevaba
venían hasta doce hombres a pie, ensartados como cuentas en
una gran cadena de hierro por los cuellos, y todos con grilletes a
las manos; venían ansimismo con ellos dos hombres de a caballo
y dos de a pie; los de a caballo con escopetas de rueda, y los de a
pie con dardos y espadas; y que, así como Sancho Panza los vido,
dijo:
— Esta es cadena de galeotes: gente forzada del rey que va a las
galeras.
— ¿Cómo gente forzada? —preguntó don Quijote—. ¿Es posible
que el rey haga fuerza a ninguna gente?
— No digo eso —respondió Sancho—, sino que es gente que por
sus delitos va condenada a servir al rey en las galeras de por
fuerza. Advierta vuestra merced —dijo Sancho— que la justicia,
que es el mesmo rey, no hace fuerza ni agravio a semejante gente,
sino que los castiga en pena de sus delitos.”
El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes Saavedra.
Anotación de un reo condenado a galeras
Por Madrid circulaban versos como estos referidos a la cordura de Fernando VI
…Si este rey no tiene cura,
¿a qué esperáis o qué hacéis?
Muy presto cumplirá un año
que sin ver a vuestro rey,
os sujetáis a una ley
hija de un continuo engaño…