
El 1 de julio de 1952 marcó el final de una etapa clave en la historia económica y social de la España del siglo XX: la desaparición de la cartilla de racionamiento, vigente desde su implantación por Orden Ministerial de 14 de mayo de 1939. Este sistema fue establecido en los primeros momentos de la posguerra, tras la finalización de la Guerra Civil Española, en un contexto de profunda escasez, destrucción productiva y desorganización económica.
El racionamiento surgió como una medida de control estatal para garantizar, al menos de forma teórica, el reparto equitativo de productos básicos entre la población. Afectaba principalmente a alimentos esenciales —como pan, aceite, azúcar o legumbres— así como a otros bienes de primera necesidad. Con la unificación del territorio bajo el régimen de Francisco Franco, el sistema se extendió a toda España, sustituyendo las diferencias previas entre zonas republicanas y nacionales.
Sin embargo, durante los casi quince años de vigencia, el racionamiento evidenció importantes deficiencias. La escasez persistente, la mala calidad de los productos distribuidos y la insuficiencia de las cantidades asignadas provocaron un profundo descontento social. En este contexto surgió con fuerza el fenómeno del estraperlo, es decir, el comercio ilegal de productos fuera del control estatal, que dio lugar al llamado “mercado negro”. En él, quienes disponían de recursos económicos podían acceder a alimentos y bienes que escaseaban en los canales oficiales, generando así una clara desigualdad social.
Inicialmente, las cartillas de racionamiento eran individuales, lo que implicaba una asignación personal de los productos. No obstante, en 1943 el sistema evolucionó hacia un modelo familiar, en el que la unidad básica de distribución pasaba a ser el hogar. Este cambio no eliminó las desigualdades, ya que las cantidades asignadas podían variar en función del estatus del cabeza de familia, su profesión o su vinculación con el régimen, favoreciendo a las clases más acomodadas o mejor posicionadas.
El anuncio del fin del racionamiento en 1952 por parte del gobierno franquista respondió a una mejora progresiva de la situación económica. Factores como la recuperación de la producción agraria, el inicio de una tímida apertura internacional y la llegada de ayuda exterior contribuyeron a estabilizar el abastecimiento. La supresión de las cartillas simbolizaba, por tanto, el fin de una etapa de extrema escasez y el inicio de una lenta normalización económica.
Los efectos de este cambio se hicieron notar en la década siguiente. Entre 1950 y 1960, España experimentó un crecimiento significativo en el consumo: el consumo per cápita de carne llegó a duplicarse, mientras que el de azúcar y el uso de la electricidad se triplicaron. Estos datos reflejan una mejora paulatina en las condiciones de vida de la población, preludio del desarrollo económico que se consolidaría en los años posteriores.
En definitiva, la desaparición de la cartilla de racionamiento no solo puso fin a un sistema de control y escasez, sino que marcó el inicio de una nueva etapa en la historia económica española, caracterizada por la recuperación, el crecimiento y una progresiva transformación de la sociedad. Soledad Carrasquilla Caballero. sccc.-
Foto: Cartilla de racionamiento.