Blas Infante: condenado después de muerto
El 11 de agosto de 1936, Blas Infante Pérez de Vargas fue asesinado en Sevilla, sin juicio previo y sin sentencia judicial que determinara su culpabilidad. Tenía 51 años.
Había nacido el 5 de julio de 1885 en Casares, Málaga, y a lo largo de su vida se convirtió en uno de los principales pensadores del andalucismo, además de abogado, escritor, historiador, notario y defensor de la dignidad cultural y política de Andalucía.
Su trayectoria no estuvo marcada por la violencia, sino por la defensa de una Andalucía consciente de sí misma, de su historia, de su cultura y de su capacidad para decidir sobre su propio futuro.
En los años treinta participó activamente en el movimiento andalucista y defendió la elaboración de un Estatuto de Autonomía para Andalucía. En el acto de Coria del Río de 1932 se interpretó por primera vez públicamente el himno andaluz compuesto por José del Castillo Díaz sobre la letra de Blas Infante, y en 1933 se aprobó en Sevilla el anteproyecto de bases para el Estatuto de Autonomía.
En julio de 1936, pocos días antes del golpe militar, Infante se encontraba en su casa de La Alegría del Aljarafe, en Coria del Río.
El golpe de Estado cambió radicalmente su destino.
Fue detenido por fuerzas sublevadas y trasladado a Sevilla. Durante su cautiverio no se celebró contra él un juicio ordinario que estableciera su responsabilidad penal.
El 11 de agosto de 1936, Blas Infante fue sacado de prisión y conducido hasta el kilómetro 4 de la carretera de Carmona. Allí fue fusilado. Sin juicio. Sin sentencia. Sin posibilidad de defensa.
Pero la historia no terminó con su muerte. La paradoja de una condena póstuma El episodio adquiere todavía una dimensión más estremecedora cuando se conoce lo que ocurrió cuatro años después.
El 14 de mayo de 1940, el llamado Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Sevilla dictó una resolución contra Blas Infante cuando hacía casi cuatro años que había sido asesinado.
La resolución lo declaró responsable político de hechos relacionados con su actividad andalucista y le impuso una sanción económica de 2.000 pesetas, que debía recaer sobre sus herederos.
La acusación se refería, entre otras cuestiones, a haber formado parte de una candidatura de tendencia revolucionaria en las elecciones de 1931 y a haberse significado posteriormente como propagandista de un partido andalucista o regionalista andaluz.
La propia resolución consideraba que aquellas actividades constituían una actitud de oposición y desobediencia al llamado «mando legítimo».
La paradoja resulta estremecedora: Blas Infante había sido fusilado en 1936 y, en 1940, un tribunal político volvió a condenarlo.
Primero le quitaron la vida. Después intentaron quitarle también la razón. Y finalmente trasladaron la sanción económica a sus descendientes.
La llamada Ley de Responsabilidades Políticas, aprobada en 1939, permitió al régimen franquista perseguir y sancionar a personas consideradas responsables de haber apoyado o colaborado con la República o con organizaciones políticas contrarias al nuevo régimen.
No se trataba únicamente de castigar a quienes permanecían vivos.
La maquinaria represiva podía alcanzar también a los muertos y a sus familias.
En el caso de Blas Infante, la resolución de 1940 adquirió así un carácter especialmente simbólico: un hombre asesinado sin juicio fue posteriormente condenado mediante un procedimiento político cuando ya no podía defenderse.
La historia de aquella condena revela hasta qué punto la represión no pretendía únicamente eliminar físicamente a sus adversarios. También pretendía borrar su memoria, desacreditar sus ideas y castigar a quienes quedaban detrás de ellos.
Blas Infante no pudo defenderse ante aquel tribunal. Pero su pensamiento sobrevivió. Sobrevivieron sus libros. Sobrevivió su Ideal Andaluz. Sobrevivió su defensa de una Andalucía consciente de su historia y de su identidad. Y sobrevivió aquello que quizá más temía cualquier régimen represivo: la memoria.
Décadas después, la democracia española reconocería oficialmente la figura de Blas Infante.
El Parlamento de Andalucía lo reconoció como Padre de la Patria Andaluza, y su legado quedó incorporado a los símbolos y a la memoria institucional de Andalucía.
La historia quiso condenarlo dos veces pero el tiempo hizo algo diferente, lo convirtió en memoria.
Porque a Blas Infante pudieron quitarle la vida en una carretera de Sevilla. Pudieron condenarlo después de muerto. Pudieron imponer una multa a sus descendientes. Pero no pudieron impedir que sus ideas continuaran recorriendo Andalucía.
Blas Infante murió en 1936.
La sentencia llegó en 1940.
Su memoria continúa viva. Soledad Carrasquilla Caballero. sccc.-
Dibujo, regalo de un amigo.