El 1 de enero de 1568, en el contexto de la creciente tensión entre la Monarquía Hispánica y la población morisca del reino de Granada, Felipe II promulgó una disposición que ampliaba y endurecía la Pragmática de 1567, una normativa destinada a erradicar definitivamente las costumbres, la lengua y las señas de identidad de los antiguos andalusíes convertidos forzosamente al cristianismo. Esta medida se convirtió en uno de los detonantes directos de la Guerra de las Alpujarras (1568-1571), uno de los conflictos internos más graves del reinado de Felipe II.
El decreto establecía que los moriscos andaluces debían entregar a sus hijos, con edades comprendidas entre los tres y los quince años, a las autoridades eclesiásticas, con el objetivo de que fueran educados conforme a la doctrina cristiana y en el uso exclusivo de la lengua castellana. La finalidad declarada de la medida era acelerar la asimilación cultural y religiosa de la población morisca, eliminando cualquier vestigio del islam, tanto en la práctica religiosa como en la vida cotidiana.
Esta política de separación de los niños de sus familias suponía una ruptura traumática del núcleo familiar, ya que los menores eran apartados de su entorno natural para ser instruidos en instituciones religiosas o entregados a familias cristianas viejas. El aprendizaje del castellano y del catecismo iba acompañado de la prohibición absoluta del uso del árabe —tanto hablado como escrito—, así como de las vestimentas tradicionales, las fiestas, los rituales domésticos y las formas de sociabilidad propias de la comunidad morisca.
La medida se justificaba oficialmente como un medio para evitar futuras rebeliones y garantizar la lealtad al rey, pues desde la óptica de la Corona, los moriscos seguían siendo percibidos como una población sospechosa, potencialmente aliada con el Imperio otomano o los corsarios norteafricanos. Sin embargo, en la práctica, este decreto fue entendido por los moriscos como un ataque frontal a su identidad, su dignidad y su derecho a la vida familiar, agravando un clima de humillación, desarraigo y persecución.
Lejos de pacificar el territorio, la disposición del 1 de enero de 1568 actuó como un factor acelerador de la rebelión. Pocos días después, estalló el levantamiento armado en las Alpujarras, encabezado inicialmente por Fernando de Válor, proclamado rey con el nombre de Aben Humeya. La guerra se extendió rápidamente por amplias zonas del antiguo reino nazarí y obligó a la Monarquía a desplegar un importante esfuerzo militar para sofocar la insurrección.
La Guerra de las Alpujarras se caracterizó por su extrema violencia, con represalias, desplazamientos forzosos de población y una política sistemática de castigo colectivo. Tras la derrota morisca en 1571, miles de supervivientes fueron deportados y dispersados por distintos territorios de Castilla, con el objetivo de evitar nuevas concentraciones de población morisca, una estrategia que no logró resolver el problema de fondo y que culminaría décadas después con la expulsión definitiva de los moriscos en 1609.
El decreto de 1568, y en particular la entrega forzosa de los niños a la Iglesia, constituye uno de los episodios más duros de la política de uniformización religiosa y cultural emprendida por la Monarquía Hispánica en la Edad Moderna. Más allá de su dimensión legal, simboliza el fracaso de la convivencia tras la conquista de Granada y revela hasta qué punto la imposición de la fe y la lengua se convirtió en un instrumento de control político y social, cuyas consecuencias marcaron de forma indeleble la historia de Andalucía. soledad carrasquilla caballero. sccc.-
Fotografía de la pintura historicista de Manuel Gómez-Moreno González, Expulsión de los moriscos de la Alhambra. Se considera el artista granadino más importante del siglo XIX en de la ciudad de Granada.