Dibujo de Valeriano Domínguez Bécquer
Protesta popular, desigualdad social y antimilitarismo
Durante los días 17 y 18 de marzo de 1869 tuvo lugar en Jerez un motín contra el sistema de las quintas que terminó convirtiéndose en uno de los episodios de protesta sociopolítica más sangrientos que padeció la ciudad durante el siglo XIX. Los enfrentamientos callejeros entre paisanos y militares provocaron decenas de muertos, un centenar de heridos y centenares de detenciones. Una parte de los detenidos sería deportada posteriormente al presidio norteafricano de Monte Hacho en Ceuta.
Para comprender las causas de aquellos acontecimientos es necesario situarlos en el contexto del sistema de reclutamiento militar vigente en España durante el siglo XIX. Consolidado el Ejército como una de las instituciones fundamentales del Estado moderno, el reclutamiento de jóvenes civiles se convirtió en el principal procedimiento para obtener los efectivos necesarios. Las necesidades militares generadas por la Primera Guerra Carlista condujeron al establecimiento, en 1837, del servicio militar obligatorio para los varones comprendidos entre determinadas edades.
Sin embargo, el sistema contemplaba distintas modalidades de exención. Entre las más habituales se encontraban la redención en metálico, mediante el pago de una cantidad al Estado, y la sustitución, por la que el mozo sorteado podía conseguir que otra persona realizase el servicio militar en su lugar, previo pago.
Este mecanismo resultaba profundamente desigual desde el punto de vista social. La ley de 1851 establecía una redención de 8.000 reales, una cantidad que pocas familias podían satisfacer. Mientras que para una familia adinerada podía suponía un problema, para una familia de clase media o trabajadora suponía contraer una deuda a largo plazo, vender sus bienes o incluso arruinarse.
Las perspectivas que ofrecía el servicio militar a un joven español de mediados del siglo XIX eran igualmente sombrías. En el mejor de los casos, podía significar siete años de guarnición, la pérdida del empleo y sucesivas movilizaciones durante su vida como reservista. En el peor, podía ser enviado a los conflictos coloniales de Ultramar y morir en combate o a consecuencia de una enfermedad tropical que le provocase invalidez o muerte.
El sistema se convirtió así en una auténtica «contribución de sangre», expresión utilizada por el general Prim en una de sus proclamas de agosto de 1867. La obligación de servir en el Ejército recaía especialmente sobre las clases populares, que carecían de los recursos necesarios para evitarla, mientras que los sectores acomodados podían recurrir al dinero para proteger a sus hijos.
La oposición a las quintas no respondía, por tanto, únicamente al rechazo de la disciplina militar o al temor a la guerra. Constituía también una protesta contra un sistema que distribuía de manera desigual los sacrificios humanos exigidos por el Estado.
El derrocamiento de Isabel II en septiembre de 1868 abrió una nueva etapa política, conocida como Sexenio Democrático o Revolucionario. Entre las reivindicaciones populares que acompañaron a la Revolución de Septiembre destacaba la abolición de las quintas y su sustitución por un sistema de reclutamiento voluntario o profesional.
Sin embargo, el Gobierno Provisional tuvo que enfrentarse desde sus primeros meses a la contradicción entre las expectativas de cambio generadas por la revolución y las necesidades militares del Estado. La rebelión independentista cubana, iniciada en octubre de 1868, incrementó las necesidades de tropas y dificultó el cumplimiento de las promesas de abolición del reclutamiento obligatorio.
El general Prim, convertido en presidente del Gobierno y ministro de la Guerra, recurrió nuevamente a las quintas a comienzos de marzo de 1869 para cubrir las necesidades militares en Cuba, llamando a filas a un contingente de 25.000 hombres.
Esta decisión provocó un profundo descontento entre los sectores populares y republicanos, que consideraban que los dirigentes de la revolución estaban incumpliendo sus compromisos. La cuestión de las quintas se convirtió así en uno de los principales puntos de fricción entre las aspiraciones democráticas de amplios sectores de la población y la política de los nuevos gobernantes, que adquirió la movilización política de las mujeres. Los republicanos recurrieron a la imagen de las madres que lloraban por sus hijos enviados a la guerra, frente a la representación tradicional de la esposa sometida a la autoridad religiosa. La oposición a las quintas adquiría así una dimensión familiar, social y política que trascendía el ámbito estrictamente militar.
Jerez desempeñó un papel destacado en los acontecimientos revolucionarios de 1868. La ciudad contaba con una importante presencia republicana y con una intensa actividad política en los espacios públicos, circunstancia que contribuyó a convertirla en uno de los escenarios más significativos de la protesta contra las quintas.
Las elecciones municipales celebradas a mediados de diciembre de 1868 dieron lugar a una nueva corporación encabezada por el progresista Pedro López Ruiz, perteneciente a una familia de comerciantes vinculada a la exportación de vinos. López Ruiz participó en diversos proyectos empresariales locales: fue director de la sociedad anónima encargada de construir el ferrocarril al Puerto y Trocadero, promotor del Banco de Jerez en 1860, vicedirector de la Caja de Ahorros y el Monte de Piedad y vocal del Consejo de Administración de la sociedad dedicada al abastecimiento de aguas de la ciudad.
El nuevo Ayuntamiento se declaró partidario de la Revolución de Septiembre y de la libertad, pero manifestó también su voluntad de combatir a quienes consideraba elementos perturbadores que, bajo apariencias favorables, engañaban a la clase trabajadora. Estas declaraciones reflejaban la distancia existente entre el republicanismo más radical y los sectores progresistas y burgueses que habían asumido el gobierno municipal.
Las tensiones aumentaron tras los altercados ocurridos en Cádiz a comienzos de diciembre de 1868. Ante la participación de jerezanos en aquellos acontecimientos, el Ayuntamiento ordenó la entrega de las armas de los Voluntarios de la Libertad. Llegaron a recogerse unos 600 fusiles, aunque la medida no consiguió restablecer la tranquilidad.
La ciudad se encontraba, por tanto, en una situación de creciente tensión política y social cuando el Gobierno decidió recurrir nuevamente al reclutamiento obligatorio.
Ante la posibilidad de que el llamamiento a filas provocase nuevos incidentes, el Ayuntamiento jerezano encargó a uno de sus concejales un informe sobre las medidas que podían adoptarse para librar del servicio militar a los jóvenes de familias humildes que resultasen elegidos en el sorteo.
La propuesta, aprobada por la corporación municipal en la sesión del 15 de marzo de 1869, consistía en establecer un arbitrio de fácil recaudación: un cuarto de real por cada hogaza de pan elaborada o introducida en la ciudad.
No era una medida desconocida. En otras ocasiones, como en 1857, un impuesto de estas características había proporcionado ingresos superiores al medio millón de reales.
Los cálculos municipales partían de la experiencia de los diez años anteriores. De los 86 quintos que correspondían a Jerez como promedio anual, aproximadamente 61 terminaban incorporándose al servicio militar por falta de recursos para redimirse. Si cada redención costaba 8.000 reales, serían necesarios unos 488.000 reales para librarlos a todos. El arbitrio sobre el pan podía proporcionar alrededor de 550.000 reales, cantidad que, en principio, resultaría suficiente.
La propuesta pretendía, por tanto, aliviar la situación de las familias pobres mediante una financiación colectiva de las redenciones. Sin embargo, aunque el acuerdo ya había sido aprobado, todavía debían realizarse las operaciones preliminares del alistamiento y el sorteo, cuyo comienzo se fijó para el 19 de marzo a las doce del mediodía.
La decisión municipal no logró evitar el estallido de la protesta. Para una parte de la población, el problema no se reducía al coste económico del servicio militar, sino que afectaba al principio mismo del reclutamiento forzoso y al incumplimiento de las promesas revolucionarias.
Al amanecer del 17 de marzo, las autoridades municipales ordenaron fijar en los lugares habituales el bando que anunciaba el comienzo de la quinta. Inmediatamente se formaron grupos de personas alrededor de los avisos, algunos de los cuales adoptaron actitudes amenazantes y levantiscas.
El detonante de la insurrección fue la detención, por parte de la Guardia Municipal, de un individuo que había arrancado el bando colocado en la actual plaza del Arenal, entonces conocida como plaza de la Constitución.
Tras este incidente, los grupos concentrados en el centro de la ciudad se desplazaron hacia los barrios periféricos y comenzaron a levantar barricadas en las inmediaciones de la iglesia de San Miguel, en el barrio de Santiago y en la Albarizuela. Para construirlas utilizaron piedras, carros, botas de vino vacías y tubos de las conducciones de agua potable que se estaban instalando en la ciudad y que serían inauguradas pocos meses después.
El Ayuntamiento reaccionó publicando un nuevo bando en el que recordaba su acuerdo de redimir a los quintos que resultasen elegidos y solicitaba a la población que recuperase la tranquilidad. La iniciativa no surtió efecto.
Hacia las tres de la tarde se levantaron nuevas barricadas en la plaza del barrio de Santiago y en las calles de la Victoria y Juan de Torres. Grupos de paisanos armados acudieron a estos puntos, dispuestos a resistir la intervención de las autoridades.
La respuesta militar no tardó en producirse. Decidida a sofocar el levantamiento, la autoridad envió dos compañías de soldados al barrio de Santiago, donde fueron recibidas con una descarga.
A partir de las cinco de la tarde, los disparos se generalizaron entre los paisanos apostados en las barricadas y las tropas. Los enfrentamientos continuaron hasta bien entrada la noche.
Durante la madrugada llegaron por ferrocarril a Jerez unos mil hombres del Batallón de Cazadores de Reus, procedentes de Cádiz, donde esperaban para embarcar hacia Cuba. Poco después entró también en la ciudad un batallón del Regimiento de Albuera, procedente de Sevilla.
La llegada de estos refuerzos incrementó la capacidad militar para recuperar el control de las calles y preparó el terreno para el desenlace del motín.
A las cinco y media de la mañana del 18 de marzo se reanudaron los combates. Un grupo de paisanos armados atacó desde la calle Bizcocheros a una columna militar que avanzaba por la calle Larga hacia el barrio de Santiago, considerado en los partes militares el centro de operaciones de los insurrectos.
Las tropas, con las bayonetas caladas, fueron desalojando y ocupando sucesivamente las barricadas. Mientras una parte de los soldados atacaba las posiciones del barrio de Santiago, otras unidades sofocaban la resistencia en la calle Bizcocheros, la Albarizuela y la calle Cruz Vieja.
A las doce del mediodía, el levantamiento estaba prácticamente sofocado. El balance fue especialmente grave: decenas de muertos, alrededor de un centenar de heridos y más de seiscientos detenidos. Entre estos últimos se encontraba la totalidad del comité republicano local, cuyos integrantes fueron apresados en una casa del Arroyo.
Durante la tarde del 18 de marzo, el ministro de la Gobernación informó ante las Cortes de que la sublevación de Jerez había terminado, aunque reconoció que se había derramado mucha sangre.
La represión no concluyó con el fin de los combates. Según las cifras recogidas en las crónicas sobre los acontecimientos, 308 presos fueron deportados días después a los presidios de Ceuta. La cárcel de Jerez quedó con 134 prisioneros, mientras que otras 92 personas fueron puestas en libertad. Estas cifras deben entenderse en relación con los distintos momentos y grupos de detenidos contabilizados en las fuentes.
La dureza de la actuación militar provocó críticas incluso entre personas de orden de la ciudad y políticos de distintas tendencias, que denunciaron el carácter desproporcionado de la represión.
El 19 de marzo, San José, fecha de especial significación en el calendario liberal español, quedó asociado al recuerdo de la tragedia. Jerez se vistió de luto por las víctimas de los enfrentamientos.
El motín de las quintas no puede interpretarse exclusivamente como una reacción contra el reclutamiento obligatorio. Aunque la oposición a las quintas constituyó la causa inmediata de los acontecimientos, el levantamiento se produjo en un contexto más amplio de descontento social, frustración política y enfrentamiento entre distintos proyectos surgidos de la Revolución de 1868.
Una parte de los sectores populares había apoyado el derrocamiento de Isabel II con la esperanza de alcanzar mayores libertades y transformaciones sociales. Sin embargo, la continuidad del reclutamiento forzoso y la necesidad de enviar tropas a Cuba evidenciaron los límites de los cambios impulsados por los nuevos gobernantes.
Desde esta perspectiva, el motín puede entenderse también como una protesta contra el incumplimiento de las expectativas de progreso de trabajadores, campesinos y artesanos que habían respaldado la revolución. El rechazo al impuesto de sangre se vinculaba a una crítica más amplia de las desigualdades sociales y de las prioridades políticas y militares del Estado.
No obstante, conviene distinguir entre las causas inmediatas de la insurrección y las interpretaciones políticas posteriores. La protesta contra las quintas fue el detonante concreto, mientras que su relación con el desengaño revolucionario, la desigualdad social y la oposición al militarismo permite comprender la amplitud de su significado histórico.
La represión de Jerez se inscribe, además, en una trayectoria de conflictividad social que marcaría la historia posterior de la ciudad. A finales del siglo XIX, los procesos relacionados con la Mano Negra y la represión del anarquismo volverían a situar a Jerez en el centro de la atención pública. Tras el golpe militar de 1936, la represión contra demócratas, trabajadores y organizaciones obreras adquiriría una dimensión todavía mayor. Aunque estos episodios pertenecen a contextos históricos distintos, su recuerdo ha contribuido a configurar una memoria local marcada por la violencia política.
La reflexión antimilitarista cuestionaba la idea de que el uniforme garantizase por sí mismo la rectitud moral de quien lo vestía.
La disciplina militar se relacionaba con la pérdida de autonomía individual y con la posibilidad de que la obediencia a las órdenes favoreciese comportamientos violentos: Porque el hombre a quien se coloca bajo la tutela del capitán, el hombre a quien se le hace marchar como una máquina, el hombre a quien se le obliga a matar cuando se le manda a hacer fuego, a ese hombre se le despiertan naturalmente ideas más sanguinarias que a cualquier otro ciudadano.
Por ello, los acontecimientos de Jerez pueden considerarse un episodio significativo en la evolución de las ideas antimilitaristas en España, aunque no deben interpretarse como el origen único de una corriente de pensamiento que contaba con antecedentes y que continuaría desarrollándose durante las décadas siguientes.
La oposición popular al reclutamiento forzoso no desapareció después del motín de Jerez. Entre 1869 y 1872, los sucesivos gobiernos tuvieron que continuar recurriendo a las quintas debido a las necesidades militares, especialmente a las derivadas de la guerra de Cuba.
Durante este periodo se introdujeron modificaciones en las condiciones de redención y se facilitó que los municipios pudieran librar colectivamente a sus quintos mediante el pago de determinadas cantidades al Estado, en ocasiones a través de plazos anuales, o mediante la provisión de voluntarios para el Ejército.
La oposición a las quintas debe entenderse, por tanto, como una constante de la conflictividad social y política española desde antes de la Revolución de 1868 hasta las primeras décadas del siglo XX. La reivindicación concreta contra el reclutamiento obligatorio tuvo una importancia propia, aunque en numerosas ocasiones coincidiera con protestas más generales contra la desigualdad, las decisiones gubernamentales y la represión de las clases populares.
La continuidad de estas protestas revela que el impuesto de sangre fue mucho más que una cuestión administrativa o militar: constituyó un problema central en las relaciones entre el Estado y los sectores populares.
El motín de las quintas de marzo de 1869 ocupa un lugar destacado en la historia social de Jerez. En él confluyeron la oposición al servicio militar obligatorio, la desigualdad económica, la frustración ante las promesas de la Revolución de 1868 y el enfrentamiento entre las aspiraciones populares y las decisiones de las autoridades.
La intervención militar y la posterior represión dejaron una profunda huella en la memoria de la ciudad. La deportación de centenares de detenidos, el elevado número de víctimas y las críticas suscitadas por la actuación de las tropas convirtieron aquellos días en un episodio especialmente doloroso.
Recuperar la historia del motín significa recordar a quienes se opusieron a un sistema de reclutamiento que imponía cargas muy desiguales según la posición económica de las familias. Significa también comprender que las protestas populares no surgieron de una única causa, sino de la convergencia de agravios sociales, expectativas políticas frustradas y conflictos en torno al poder del Estado.
El motín de las quintas de Jerez fue, en definitiva, una protesta contra el reclutamiento forzoso y, al mismo tiempo, un episodio revelador de las tensiones que atravesaron la sociedad española durante el Sexenio Democrático. Su recuerdo permite acercarse a una etapa en la que las aspiraciones de libertad y justicia social chocaron con las necesidades militares del Estado, los límites de la revolución política y la respuesta represiva de las autoridades. sccc.
Dibujo completo de Valeriano Domínguez Bécquer
Búsqueda de cadáveres por las casas.
