Ya lo decían las ordenanzas de Carlos III: “No quiero en mi real armada ni gitanos ni murcianos palabra «murcio» (que no murciano, es equivalente a ladrón, y «murciar» sinónimo de robar o hurtar). ni gentes de mal vivir´´.
Seis siglos de antigitanismo: de la Pragmática de 1499 a la Gran Redada de 1749
El 4 de marzo de 1499, por una Real Provisión dictada por los Reyes Católicos, se ordenó a los gitanos que tomasen oficio y se avecindasen donde quisieran o, en caso contrario, abandonasen el reino en el plazo de sesenta días. Las penas previstas para quienes incumplieran la disposición eran extraordinariamente severas: destierro por primera vez; pérdida de las orejas y nuevo destierro en caso de reincidencia; y, si reincidían por tercera vez, podían quedar cautivos de quien los descubriese y apresase.
Aquella disposición se enmarca en la denominada Pragmática de Medina del Campo de 1499, uno de los primeros instrumentos legales destinados a transformar por la fuerza la manera de vivir de la población gitana en los territorios de la Monarquía Hispánica.
Los gitanos debían abandonar sus hábitos nómadas, establecerse en un lugar fijo y ejercer un oficio. Si no aceptaban aquellas condiciones, se enfrentaban a penas que podían llegar al destierro, los azotes, la mutilación e incluso la esclavitud o servidumbre.
No se trataba simplemente de una norma contra determinados delincuentes. La legislación se dirigía contra un colectivo entero, identificado por su pertenencia étnica y por unas costumbres consideradas incompatibles con el modelo social que las autoridades pretendían imponer.
Durante los reinados de Carlos I y Felipe II se dictaron nuevas pragmáticas que insistieron en esa política. Se intentó obligar a los gitanos a abandonar su movilidad, asentarse y ejercer oficios reconocidos. Con el paso de los siglos, las disposiciones fueron acumulando prohibiciones y restricciones y se fue consolidando una imagen oficial que presentaba a los gitanos como vagos, delincuentes o personas socialmente peligrosas.
La persecución alcanzaría uno de sus momentos más terribles durante el reinado de Fernando VI.
El 30 de julio de 1749 comenzó la operación conocida como la Gran Redada o Prisión General de los Gitanos, organizada por el Gobierno y vinculada especialmente al marqués de la Ensenada, secretario de Estado y responsable de importantes asuntos militares y navales.
El objetivo era detener simultáneamente a la población gitana en diferentes territorios de la Monarquía.
Miles de hombres, mujeres y niños fueron apresados. Las cifras varían según las investigaciones, pero tradicionalmente se ha estimado que fueron detenidas alrededor de 9.000 personas, aunque algunos estudios elevan considerablemente esa cantidad.
La operación tuvo además una característica especialmente cruel: la separación de las familias.
Los hombres fueron separados de sus mujeres e hijos y enviados a diferentes establecimientos, entre ellos los arsenales de la Armada, donde debían realizar trabajos forzados. Las mujeres y los niños fueron recluidos en otros lugares.
La finalidad era evitar que pudieran continuar formando familias y comunidades independientes y, al mismo tiempo, aprovechar su trabajo.
Hombres, mujeres y niños fueron privados de libertad sin que la pertenencia al pueblo gitano constituyera por sí misma un delito.
Aquí aparece una diferencia fundamental respecto a otras grandes expulsiones de la historia de España.
La expulsión de los judíos sefardíes en 1492 estuvo relacionada directamente con la política religiosa de los Reyes Católicos y con la construcción de una Monarquía confesional.
La expulsión de los moriscos, decretada entre 1609 y 1614, estuvo igualmente relacionada con la cuestión religiosa, la conversión forzosa de los musulmanes y la desconfianza de las autoridades hacia una población considerada insuficientemente integrada en la sociedad cristiana.
Los gitanos no constituían una comunidad perseguida por mantener una religión propia. Muchos eran cristianos, bautizados y pertenecientes a las mismas parroquias que el resto de la población.
Sin embargo, durante siglos fueron objeto de una legislación específica que pretendía hacer desaparecer sus diferencias culturales y obligarlos a adoptar una forma de vida determinada.
Por eso, resulta necesario preguntarse: ¿Qué había hecho un gitano para ser perseguido simplemente por ser gitano?
La respuesta está en los prejuicios acumulados durante siglos y en una legislación que convirtió la pertenencia a un determinado grupo social y cultural en motivo suficiente para ser vigilado, perseguido y, finalmente, encarcelado.
Desde nuestra perspectiva actual, podemos hablar de persecución étnica, discriminación institucional y antigitanismo. La palabra «racismo» expresa bien la naturaleza discriminatoria de aquella persecución, aunque el concepto moderno de raza no sea exactamente el mismo que manejaban las sociedades de los siglos XV al XVIII.
Lo que sí resulta indiscutible es que se aplicaron medidas represivas a personas por pertenecer a un colectivo determinado, y no por haber cometido individualmente un delito.
La Gran Redada no terminó con las detenciones de 1749.
Muchos de los apresados permanecieron durante años separados de sus familias y sometidos a trabajos forzados. La falta de pruebas de delitos concretos hizo cada vez más difícil mantener aquella prisión colectiva.
Finalmente, durante el reinado de Carlos III, se inició el proceso que conduciría a la liberación de los supervivientes. En 1763 se puso fin a la situación de los últimos gitanos que todavía permanecían detenidos como consecuencia de aquella operación.
Habían pasado casi catorce años desde aquella noche de julio de 1749.
Catorce años durante los cuales familias enteras quedaron destruidas, niños crecieron separados de sus padres y hombres y mujeres fueron obligados a trabajar lejos de sus hogares.
Y, sin embargo, aquella persecución no consiguió su objetivo.
A pesar de siglos de prohibiciones, persecuciones y políticas de asimilación forzosa, el pueblo gitano sobrevivió. Sobrevivieron sus tradiciones, sus vínculos familiares, sus formas de expresión, su música y una identidad que las autoridades habían intentado transformar mediante leyes y castigos.
La historia de los gitanos en España es, por tanto, también una historia de resistencia.
Durante más de seis siglos se intentó que abandonaran su manera de vivir, que dejaran atrás sus costumbres y que se disolvieran en la sociedad mayoritaria.
Continuaron formando parte de la historia de España, de Andalucía y de Europa.
Por eso, recordar la Real Provisión de 4 de marzo de 1499 y la Gran Redada de 1749 no significa únicamente recuperar dos fechas del pasado. Significa recordar una larga historia de antigitanismo, de discriminación y de resistencia.
Porque existe una diferencia fundamental entre perseguir a una persona por un delito que ha cometido y perseguirla por pertenecer a un pueblo. Y aquella diferencia debería hacernos reflexionar todavía hoy.
Los judíos fueron expulsados por su religión; los moriscos, por una combinación de razones religiosas, políticas y culturales; pero los gitanos, siendo en su inmensa mayoría cristianos, fueron perseguidos durante siglos por su identidad, sus costumbres, su forma de vida y su pertenencia a un determinado grupo.
Por eso podemos decir que detrás de aquellas leyes hubo algo más profundo que una simple política de orden público: hubo prejuicio, discriminación y una voluntad persistente de asimilación forzosa. Y esa es una parte de la historia de España que merece ser conocida. Porque la historia también debe recordar a quienes fueron perseguidos por ser quienes eran. sccc.-