Ejecución de los condenados por la revuelta anarquista de Jerez de la Frontera de 1892. Ilustración del periódico francés Le Progrès Illustré.
El 10 de febrero de 1892, fueron ejecutados a garrote vil en Jerez de la Frontera (Cádiz) Antonio Zarzuela, Fernández Lámela, Fernández Reina («Busiqui») y Silva Leal («El Lebrijano»), acusados de ser cabecillas de la sangrienta manifestación anarquista ocurrida el 8 de enero del mismo año.
Los hechos tuvieron lugar en la noche del 8 al 9 de enero, cuando cientos de campesinos, hartos de la miseria y la explotación, irrumpieron en la ciudad al grito de «¡Viva la anarquía!» y «¡Muera la burguesía!», logrando tomar el control de Jerez durante más de dos horas. La revuelta terminó cuando las tropas de la guarnición local intervinieron con violencia, obligando a los sublevados a huir.
Durante la revuelta, los manifestantes asesinaron a dos personas, mientras que entre los insurgentes se contabilizó al menos un muerto. Tras el levantamiento, las autoridades reaccionaron con extrema dureza: se declaró la ley marcial, se llevaron a cabo redadas masivas y se sometió a juicio militar a numerosos detenidos.
Los presuntos cabecillas fueron sometidos a un consejo de guerra sumarísimo, que los condenó a la pena capital. A pesar de las protestas nacionales e internacionales contra la brutalidad de la represión, el 10 de febrero de 1892 los cuatro acusados fueron ejecutados en un acto que se convertiría en un símbolo de la lucha obrera y la violencia estatal contra los movimientos sociales.
Para el movimiento anarquista, los ejecutados fueron considerados mártires de Jerez, cuya muerte desató una oleada de atentados en represalia. El día anterior a las ejecuciones, el 9 de febrero de 1892, un artefacto explosivo estalló en la Plaza Real de Barcelona, marcando el inicio de una campaña de terrorismo anarquista. Año y medio después, en 1893, el general Martínez Campos, símbolo de la represión estatal, también justificado como una venganza por las ejecuciones de Jerez, como el asesinato del presidente del Gobierno Cánovas del Castillo en 1897.
La revuelta de Jerez fue una consecuencia directa de la extrema pobreza y explotación que sufrían los trabajadores, especialmente los jornaleros agrícolas. A finales del siglo XIX, las condiciones laborales en España eran durísimas: En 1900, la jornada media de los obreros industriales era de 10 a 11 horas diarias, con un salario medio de: 3 a 4 pesetas diarias en fábricas y talleres. 3,25 a 5 pesetas en las minas. 2,5 pesetas en la construcción.
Sin embargo, la situación de los trabajadores agrícolas era aún peor. Hacia 1900, los jornaleros andaluces y extremeños ganaban apenas 1 a 1,5 pesetas diarias, y además no tenían trabajo durante todo el año, dependiendo de campañas estacionales como la siega, el vareo de los olivos o la vendimia.
Las condiciones de vida eran tan precarias que, incluso trabajando de sol a sol, más de 16 horas diarias, con toda la familia colaborando en el trabajo a destajo, no era suficiente para garantizar una alimentación digna durante todo el año. En los períodos sin trabajo, la miseria se volvía insoportable, lo que generaba un caldo de cultivo ideal para el estallido de revueltas como la de Jerez.
A nivel social, los sucesos de Jerez evidenciaron la creciente radicalización del movimiento obrero, especialmente del anarquismo, que consideraba la acción directa (incluyendo el terrorismo) como única respuesta posible a la represión del Estado.
A nivel político, la brutal represión gubernamental desacreditó aún más al régimen de la Restauración, incapaz de dar solución a los problemas del campesinado y el proletariado.
A nivel internacional, las ejecuciones fueron duramente criticadas en Europa, donde la opinión pública vio el caso como un ejemplo de la brutalidad de la monarquía española contra los trabajadores.
Los Mártires de Jerez se convirtieron en un símbolo de la lucha obrera en España, recordados en la historia del anarquismo como víctimas de una represión desproporcionada. Soledad carrasquilla Caballero. sccc.-